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En Colombia, 875.437 mujeres fueron víctimas de violencia sexual entre 2010-2015

 Ciudades como Medellín, Buenaventura y Bogotá tienen una prevalencia del delito por encima del 30%.
Las mujeres negras, con edades entre 15 y los 24 años, de estrato socioeconómico 1 se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia sexual.
Una de cada cinco mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual fue intimidada por su agresor con un arma. De éstas, la mitad fue amenazada por un arma de fuego.
De las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, el 16,7% lo ha sido por violación y un 45,2% dice haber sido víctima de acoso sexual.
Dentro de los actores armados, los ilegales son los mayores agresores de los diferentes tipos de violencia sexual.
El 78% de las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia sexual no denunciaron los hechos.
Barranquilla, 17 de agosto de 2017.- En total 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual durante el periodo 2010-2015, lo que significa que anualmente, en promedio, lo fueron 145.906 mujeres, 12.158 cada mes, 400 cada día y 16 cada hora. Esto, permite inferir que la violencia sexual contra las mujeres constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado y por lo mismo puede ser calificada como generalizada.
Estas cifras son el resultado de la Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015, realizada por 13 organizaciones de mujeres, mixtas, feministas, víctimas y derechos humanos, que muestra una prevalencia del delito de 18,36% para un universo de 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitarismo y/o Bacrim.
Los resultados de la encuesta son representativos para mujeres entre 15 y 44 años residentes en la cabecera urbana de 142 municipios, distribuidos en 29 departamentos del país y se basó en ocho tipos de violencia sexual: la violación, la prostitución, el embarazo, el aborto y la esterilización forzada, así como el acoso sexual, los servicios domésticos forzados y la regulación de la vida social y afectiva.
Llama la atención que el 56,6% de las mujeres encuestadas consideran que la presencia de actores armados en los municipios incrementa la violencia sexual en el ámbito público. El contexto del conflicto armado, según las mujeres, incrementa el riesgo de ser víctimas de violencia sexual, tanto en el ámbito privado como en el público.
En ciudades principales e intermedias la prevalencia de la violencia sexual en contra de las mujeres es similar, estando sobre el 21.5%., mientras en municipios medianos es de 12,5% y en municipios pequeños es del 8.9%.
“Las mujeres residentes en los municipios pequeños tienen menor riesgo de ser víctima de alguna forma de violencia sexual que el promedio y en la medida en que el tamaño poblacional del municipio se incrementa, también lo hace la prevalencia de mujeres víctimas, mostrando un salto importante de municipios medianos a ciudades intermedias y principales donde el riesgo se incrementa en un 9%”, asegura la encuesta.
Encontramos preocupante que una de cada cinco mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual fue intimidada por su agresor con un arma. De éstas, la mitad fue amenazada por arma de fuego y una de cada tres por arma blanca.
La encuesta concluye que las mujeres negras, con edades que oscilan entre los 15 y los 24 años y que pertenecen al estrato socioeconómico 1, se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que las mujeres de otro origen étnico, de otros rangos de edad y de otros estratos socioeconómicos.
Las mujeres entre 15 y 24 años son las principales afectadas por los tipos de violencia sexual relacionadas con regulación de la vida social, servicios domésticos forzados, acoso sexual y embarazo forzado.
“La proporción de mujeres víctimas es mayor para los tipos de violencia sexual relacionados con la regulación de la vida social (64,2%) y para el acoso sexual (45,2%), que para los demás tipos de violencia. Las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, el 16,7% lo ha sido por violación, el 13,9% lo ha sido por servicios domésticos forzados, el 6,49% lo ha sido por aborto forzado, el 3,85% lo ha sido por prostitución forzada, el 2,68% lo ha sido por embarazo forzado y el 1,63% lo ha sido por esterilización forzada”, concluye la investigación.
En síntesis, este estudio nos permite establecer que las principales formas de violencia sexual reportadas por las mujeres víctimas fueron la regulación de la vida social y el acoso sexual. Tal como lo plantea la Corte Constitucional, estas formas de violencia son una manifestación muy clara de “las restricciones abiertas al ejercicio de la autodeterminación y de las libertades básicas de la población femenina, en el sentido de que la mujeres son sometidas a regulaciones estereotipadas y prejuiciosas, que les prescriben la forma de vestir, los horarios de salida, de llegada y de circulación pública, los sitios de diversión, las compañías, las normas de higiene personal, el desarrollo de la vida sexual y afectiva, y el deber ser del comportamiento moral” (Corte Constitucional, 2015, p.16). Las estimaciones presentadas aquí nos permiten plantear la hipótesis, según la cual, los tipos de violencia sexual incluidos en este estudio afectan de manera diferenciada a las mujeres teniendo en cuenta su origen racial.
Dentro de los actores armados, los ilegales son los mayores agresores de los diferentes tipos de violencia sexual. La fuerza pública ha perpetrado fundamentalmente acoso sexual (6%), servicio doméstico forzado (7%) y violación (1%). Otros actores no determinados han incurrido en acoso sexual (15%) y violación (19%).
En relación a los tipos de agresores, un hallazgo importante es que el principal perpetrador de las diversas formas de violencia sexual contra las mujeres incluidas en este estudio es un integrante de su propia familia (con excepción del acoso sexual y la esterilización forzada).
La denuncia por parte de las mujeres víctimas de violencia sexual
El 78% de las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia sexual no denunciaron los hechos. Esto quiere decir que aproximadamente 620.418 mujeres no denunciaron los hechos que sufrieron, mientras que sólo el 20%, es decir, 174.990 mujeres denunciaron alguna de las formas de violencia de las que habían sido víctimas. El 2% no respondió a la pregunta si denunció o no los hechos de los cuales fue víctima.
En cuanto a la institución en donde hubo denuncia se puede observar que el 51% lo hizo en la Fiscalía, el 18,5% en la Comisaría de Familia, el 15% en la Inspección de policía y el 5,3% en la Defensoría del Pueblo. Las razones más recurrentes para no denunciar, según las mujeres que no lo hicieron son: miedo a represalias (24%), no le interesó y prefirió dejarlo así (23,3%), no cree ni confía en la justicia (12,2%), no quería que los familiares supieran (9%), y no sabe cómo hacerlo (6%).
Siendo víctima o no del conflicto, buena parte de las mujeres creen que la presencia de grupos armados exacerba la percepción de riesgo de ser víctima de violencia sexual tanto en el ámbito público como en el privado.
Los anteriores son algunos de los resultados de la encuesta que se realizó en el marco de la Campaña “Violaciones y otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra”; que nace en el 2009 como una alianza entre organizaciones de mujeres, feministas, mixtas, víctimas y derechos humanos, para visibilizar la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, incidir en la superación de la impunidad y exigir el derecho de las mujeres víctimas a la verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición.
Esta campaña es impulsada por Oxfam en asocio con: Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos – AMMAC, Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción- FUNSAREP, Centro de Promoción y Cultura – CPC, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Genero -Humanas Colombia, Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia-COALICO, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Casa de la Mujer, Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, Corporación Vamos Mujer, Humanidad Vigente Corporación Jurídica y Ruta Pacifica de las Mujeres.
Esta encuesta se realizó en un contexto nacional caracterizado por la confluencia de un conjunto de hechos como el desarrollo del proceso de conversaciones para la salida política del conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), la emergencia y el fortalecimiento de las denominadas Bandas Criminales- neo paramilitarismo- y las amenazas que estas plantean a la seguridad, a las mujeres y a la implementación del “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 
RECOMENDACIONES
Es necesario y urgente el fortalecimiento de la institucionalidad con responsabilidades en prevención, protección, investigación, sanción y garantías de no repetición para las mujeres víctimas de violencia sexual. A su vez, el sistema judicial debe hacer efectivo el derecho de las mujeres a una justicia pronta y eficaz, que permita superar los obstáculos que ellas tienen que enfrentar.
En el marco del post acuerdo y de la implementación del Acuerdo Final; es necesario garantizar a las mujeres víctimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, creando mecanismos expeditos que consulten sus realidades y necesidades.
Colombia transita hacia la construcción de la paz, en este contexto el Acuerdo se constituye en una oportunidad para que en el marco de su implementación se avance en superar situaciones que colocan a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, tales como la pobreza, los bajos niveles de representación política, el poco acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda y el escaso acceso a bienes, recursos, servicios y riqueza. Estas realidades deben ser superadas para que se constituyan en factores protectores para prevenir las violencias contra las mujeres.
Y finalmente, solicitamos a la Comunidad Internacional en sus relaciones bilaterales con Colombia que acompañe al Gobierno en lo nacional y territorial, en la formulación y puesta en marcha de políticas que incluyan la garantía del Estado de Derecho y la tolerancia cero con las violaciones de derechos humanos, en especial con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del pos acuerdo y construcción de paz. Esta tolerancia cero debe incluir la exigencia de investigar, juzgar y sancionar a los culpables y reparar integralmente a las mujeres víctimas de esta violencia.

Minjusticia firmó convenio con el INPEC y Colpensiones para mejorar las condiciones de vejez de los reclusos

Bogotá, 17 de agosto de 2017. Este jueves, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, firmó el convenio interadministrativo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, cuyo objetivo principal es brindar alternativas de aseguramiento para la vejez y posibilidades de cotización a pensiones en el Régimen de Prima Media (RPM) a la población privada de la libertad.

“Esta firma está partiendo la historia, convenios como este, aparentemente pequeños son grandes perspectivas humanistas. Esta cartera se complace en darle un vuelco a la política carcelaria; hoy celebramos esta firma con el Inpec y Colpensiones una noticia que debería ser de orden internacional ya que brinda alternativas de protección de los reclusos en su vejez”, afirmó el Ministro Gil Botero

Con este régimen, los afiliados o sus beneficiarios pueden obtener una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes o, en su defecto, la indemnización sustitutiva, así mismo con este convenio macro las personas recluidas en cárceles podrán afiliarse a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un programa de ahorro voluntario para quien no alcanza a la pensión.

Los BEPS le permitirán ahorrar la cantidad que quieran y cuando puedan sin multas o intereses de mora en caso de no poder realizar aportes. Además, el Gobierno Nacional premiará el esfuerzo de los internos por hacer este ahorro entregando un subsidio del 20% sobre lo que haya ahorrado. “Este Ministerio, dentro del marco de sus competencias, tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia penitenciaria y carcelaria, todo esto en pro de garantizar los derechos humanos de esta población”, dijo el Ministro Gil Botero

Con este convenio, el Gobierno Nacional no solo espera darles una nueva oportunidad a los internos para que cuando queden en libertad puedan seguir cotizando y adquirir, por su cuenta, una pensión digna, sino que contribuye en su proceso de resocialización. Durante la firma, se conoció que no solo las personas que se encuentran intramuros tendrán este beneficio, también los que están en detención o reclusión domiciliaria pueden acceder a la prestación.

Buscar una educación financiera y el ahorro provisional es el gran reto que esta cartera de Justicia, de la mano con el INPEC y Colpensiones, tiene para con la población que se encuentra recluida en todas las cárceles del país.

El jefe de la cartera estuvo acompañado por el Brigadier General, Jorge Luis Ramírez Aragón, Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y Adriana María Guzmán Rodríguez, Presidente (e) de Colpensiones, quienes firmaron el convenio.

Coljuegos decomisó 102 máquinas ilegales en 7 establecimientos de juegos de suerte y azar en Barranquilla

7 establecimientos ilegales intervenidos, que operaban sin autorización de Coljuegos, fueron retiradas por evasión del pago de derechos de explotación.

Barranquilla, 17 de agosto de 2017.-Con el apoyo de la Policía Nacional (UNIPOL), Edusuerte y la SIJIN de Barranquilla, Coljuegos dio un duro golpe contra la operación ilegal de juegos de suerte y azar en la capital del Atlántico.

Las operaciones de control ilegal dejaron como resultado 7 establecimientos intervenidos y 102 máquinas tragamonedas retiradas por evasión del pago de derechos de explotación por valor estimado anual de 270.889.682 de pesos“A pesar de que la firma del Pacto por la Legalidad en Barranquilla, el cual se firmó con el apoyo de su Gobernador, Dr. Eduardo Verano de la Rosa, se dio hace varios meses, aun se siguen dado excelentes resultados, que son el reflejo de este acuerdo de voluntades”,declaró Juan B. Pérez Hidalgo, presidente de Coljuegos.

Con la ejecución de los operativos que se han llevado en lo que va corrido del 2017, se reporta:

• 2.370 máquinas tragamonedas ilegales.

 3 ruletas.

• 31 establecimientos en los que operaban apuestas deportivas -  295 elementos de juego de esta modalidad de juego.

• 111 sillas de bingo

Por concepto de juegos localizados se evadió el pago de derechos de explotación por valor de 6.418 millones de pesos,mientras que en apuestas deportivas se dejaron de percibir 10.713 millones de pesos.

Es el momento de actuar como ciudadanía para denunciar a los ilegales y salvaguardar estos recursos que van destinados a la salud de todos los colombianos. #JugarLegalesApostarlealaSalud.

Coljuegos ofrece las siguientes direcciones y telefónos para denunciar la operación ilegal de juegos de suerte y azar, comunicándose con nuestros canales de atención:Línea Gratuita Nacional - 018000 18 28 88 - Bogotá: (+571) 742 0698 - Email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Corrupción en las altas Cortes de Colombia, denunció la Fiscalía, Dos senadores involucrados

Barranquilla, 16 de agosto de 2017.- La Fiscalía informó este martes que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia, contra los senadores Hernán Andrade, Musa Besaile y Luis Alfredo Ramos por corrupción, en el contexto de un convenio de cooperación judicial con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Afirmó el Fiscal que tiene material probatorio consistente en audios de conversaciones y comunicaciones electrónicas donde salen a relucir los nombres de los senadores Musa Besaile, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos, en el casos de corrupción a la Justicia. Al igual que por casos de corrupción en la Justicia, los nombres de dos ex magistrados que en su momento fueron presidentes de la Corte Suprema, Leonidas Bustos y Francisco Ricuarte.

Señala la Fiscalía que en estos audios el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, y Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Pinilla en sus conversaciones hacen solicitudes al igual que hablan acerca pagos que habrían hecho con la intervención o el conocimiento de los abogados en el ejercicio de su profesión antes del año 2017, en los que estarían involucrados los nombres de los personajes anteriormente anotados.

En cuanto a lo que se acaba de conocer de corrupción en los niveles más altos de la justicia, mientras escuchaba esa declaración del Fiscal, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, dijo que recordó que María del Pilar Hurtado, Bernardo Moreno, Alberto Velásquez, Diego Palacio, Sabas Pretelt de la Vega, han sido víctimas, de esa Justicia que el antes ya había denunciado.

Santa Lucía, Atlántico se levanta contra la violencia y la inseguridad. Reclama más Policías

Barranquilla, 13 de agosto de 2017.- Ante el asesinato del joven Roberto Carlos Salcedo, músico y bailador de Son de Negro, quien se ganaba la vida como mototoxista y quien fué asesinado en días pasados presumiblemente para robarle la motocicleta, los habitantes del municipio de Santa Lucía, en el departamento del Atlántico, realizaron una gran jornada de movilización pacífica por las calles de esta localidad para exigir justicia y al mismo tiempo solicitar al Gobernador Eduardo Verano que se aumente el pie de fuerza de la Policía Nacional,
La protesta es debido a que no sienten que los estén escuchando por lo que decidieron irse a la calle para que la inseguridad reinante en el sur del Atlántico no los siga azotando. La comunidad se encuentra indignada por este hecho que hoy enluta a la familia Santaluciense, que siempre se ha caracterizado por ser amantes de la paz y de la cultura del Son de Negro.
Activistas sociales de todas las edades pidieron a los dirigentes del departamento mayor atención para el sur del Atlántico,dado el alto indice delincuencial presentado. La movilización culminó con un acto simbólico en la plaza Son de Negro,donde se soltaron globos blancos para pedir no repetición de actos violentos como  el ocurrido esta semana.

Asegurado presunto jefe de sicarios de banda Los Bernabé, capturado la semana pasada

Bogotá, 13 de agosto de 2017.- Yohn Fredy Virguez Rodríguez fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; concierto para delinquir agravado; homicidio y; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El procesado, conocido con el alias de Papa Picha, sería el jefe de sicarios de la organización delincuencial Los Bernabé, que delinquía en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Dicha estructura fue impactada el 2 de agosto último, cuando se logró la captura de 14 supuestos integrantes de la banda, los cuales se encuentran privados de la libertad.

La policía judicial del CTI, bajo la coordinación de un fiscal de la Unidad de Vida de la Dirección Seccional de Bogotá,  logró la captura de alias Papa Picha la tarde de este 10 de agosto.

En audiencias concentradas, realizadas en el Complejo Judicial Paloquemao, se legalizó la captura, se le formuló imputación al procesado —quien no aceptó cargos— y se le impuso la medida.

"Vamos a tratar de ponerle freno a la excarcelación de agresores sexuales": Procurador General

"Estamos convencidos de que la solución para descongestionar las cárceles del país, en términos de consistencia de la política criminal, no está en dejar en libertad a quienes han sido abusadores y violadores sexuales".

Bogotá, 13 de agosto de 2017.- El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, aseguró que desde el Ministerio Público va a tratar de ponerle freno a la masiva excarcelación de agresores sexuales que se está presentando con la entrada en vigencia de la Ley 1786 o de Racionalización de la Detención Preventiva. 

El jefe del Ministerio Público aseguró que esta situación representa una amenaza para la sociedad y llamó la atención a los jueces para que detengan este fenómeno.

Carrillo Flórez anunció que dará instrucciones a todos los procuradores judiciales penales para que soliciten a los jueces y la Fiscalía que tomen las medidas necesarias para evitar que abusadores sexuales queden en libertad.  

Recordó que, de acuerdo con el artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en los casos de delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de niños, niñas y adolescentes, la única medida de aseguramiento jurídicamente viable es la detención preventiva. 

Carrillo Flórez calificó de grave que una tercera parte de las excarcelaciones en el país por la aplicación de la Ley 1786 corresponda a agresores sexuales, cuyos delitos afectan gravemente la integridad física y psicológica de las víctimas, como el tejido social. 

De las 360 solicitudes de libertad decretadas del 01 de julio a la fecha, 120 corresponden a delitos sexuales según la información estadística reportada por las direcciones seccionales de la Fiscalía General de la Nación. 

“Tenemos una gran preocupación porque estamos convencidos de que la solución para descongestionar las cárceles del país, en términos de consistencia de la política criminal, no está en dejar en libertad a quienes han sido abusadores y violadores sexuales”, advirtió. 

Por su parte, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán, lamentó que después de la lucha que se dio con la expedición del Código de Infancia y Adolescencia para que no haya beneficios a los abusadores sexuales, “10 años después encontramos leyes en política criminal que generan que abusadores sexuales estén en las calles”. 

Así mismo, hizo un llamado al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura para que definan un plan de acción, previsto en la misma ley, y se dé respuesta al clamor de justicia, reparación y no repetición que exigen las víctimas de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales.

Finalmente, el Procurador General advirtió que la Entidad mantendrá la misma línea que se ha tenido frente a casos como el de la periodista Jineth Bedoya Lima con el apoyo a todas las víctimas de violencia sexual. 

Procuraduría incentiva buenas prácticas en comisarías de familia de Boyacá

Bogotá, 13 agosto de 2017.- La Procuraduría Regional de Boyacá visibilizó el papel de las comisarías de familia en torno a la reconstrucción del tejido social en cada municipio de la región, así como el apoyo y la articulación que debe existir con la administración municipal para llevar a cabo esta labor.

A través del proyecto ‘La Procuraduría en su pueblo’, incluido dentro del Programa para el fortalecimiento institucional de las comisarías de familia de la jurisdicción, el Ministerio Público realizó una videoconferencia dirigida a incentivar las buenas prácticas para el funcionamiento efectivo de estos espacios de reflexión, orientación y conciliación en los que se busca que los derechos de todos los miembros de la familia sean reconocidos y respetados, facilitando una convivencia armónica, pacífica y de respeto.

Esta actividad, a la que fueron convocados alcaldes y comisarios de familia de la jurisdicción, contó con la intervención de Sonia Patricia Téllez Beltrán, Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, y Bernardo Arturo Rodríguez Sánchez, Procurador 28 Judicial II de Familia de Tunja.

Asimismo participaron el teniente coronel Henry Ricardo Quintero Medina, jefe de Protección a la  Infancia y la Adolescencia de la Policía Nacional; Patricia Calle Sierra, fiscal del Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar (CAVIF), y Adriana del Pilar Camacho León, secretaria de Desarrollo de la Gobernación de Boyacá.

Compromisos adquiridos por los alcaldes

Los mandatarios suscribieron un acta en la cual se comprometieron a incorporar en el Plan Operativo Anual de Inversiones y en el presupuesto del municipio para la siguiente vigencia fiscal, un rubro que asegure el normal desarrollo del objeto misional de las comisarías de familia.

De otra parte, asumieron el compromiso de reportar ante la Comisión Nacional del Servicio Civil las vacantes de la planta de personal, incluida la del comisario de familia, así como la Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), a fin de que la comisión inicie el respectivo concurso de méritos.

En una segunda fase del programa se tiene prevista la realización de un encuentro departamental de alcaldes y comisarios de familia, en la que se hará seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos, antes de culminar el año.

367 capturas en redada internacional contra las organizaciones dedicadas al hurto de teléfonos celulares

Bogotá, 8 de agosto de 2017.- El hurto de teléfonos celulares se ha convertido en uno de los delitos que más afecta la seguridad ciudadana y de los que concentra el mayor número de denuncias. Esta actividad ilícita cruzó fronteras, y por eso la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, en coordinación con la Comunidad de Policías de América (Ameripol), lanzaron la Operación Alianza.

Esta ofensiva planeada durante cuatro meses, se convierte en uno de los golpes más contundentes contra el crimen trasnacional dedicado al hurto de celulares. Fue ejecutada en tres días y permitió la desarticulación de 14 organizaciones delincuenciales dedicadas al robo y comercialización de los equipos desde Colombia hacia Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Panamá.

En total, fueron intervenidos 1.300 locales, recuperados 11.611 dispositivos y capturadas 367 personas: 270 en Colombia y el resto en otros seis países.

Resultados en Colombia

Las diligencias se concentraron en Bogotá y municipios de Cundinamarca, en Medellín (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Barranquilla (Atlántico), Bucaramanga (Santander), Cúcuta (Norte de Santander), Villavicencio (Meta), Pasto e Ipiales (Nariño), Tunja, Duitama y Sogamoso (Boyacá), Istmina (Chocó) y Fonseca (La Guajira).

En 133 allanamientos fueron recuperados 2.497 teléfonos reportados por hurto o que no cumplían con la documentación exigida y evidenciaban manipulación en los sistemas de identificación. Se intervinieron 541 locales en los que, al parecer, eran vendidos los dispositivos robados. 80 establecimientos fueron cerrados definitivamente y cuatro recibieron medidas cautelares de extinción de dominio, en Cúcuta.

Las 14 bandas desarticuladas tenían injerencia en Colombia. En Bogotá cayeron Los Topos, una estructura vinculada al hurto de celulares mediante atraco, raponazo y cosquilleo en la localidad de Kennedy; y Los Gauchos, que recurrían a las mismas maniobras delincuenciales en la localidad de Los Mártires.

En Barranquilla fueron detenidos tres integrantes de la banda Los del Norte, enfocados exclusivamente al robo de dispositivos de gama alta, que posteriormente eran distribuidos en el área metropolitana de la ciudad.

Las organizaciones criminales Android y Los Recolectores fueron golpeadas en Cali. Esta última banda estaba conformada por 12 personas, entre ellas un ciudadano chino señalado de manipular y liberar los equipos hurtados para que pudieran salir sin restricciones al mercado ilegal. Todos los presuntos integrantes fueron capturados y judicializados.

Otras ciudades donde la Operación Alianza impactó bandas delincuenciales son: en Medellín, Los Cocuelos; en Villavicencio, Los Costeños; en Tunja, Los G-4; en Boyacá, Las Lizas; en Nariño, Los de la Frontera I; en Chocó, Los Raponeros; y en La Guajira, Los Corolitas.

Las acciones desplegadas en Cundinamarca tuvieron lugar en Fusagasugá, Girardot y Soacha, allí fue desarticulada la banda Los Técnicos, cuyos supuestos integrantes quedaron a disposición de la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir y hurto.

Resultados por países

  • · Argentina: Se intervinieron 25 locales comerciales en distintas provincias y zonas de frontera y se incautaron 888 celulares.
  • · Bolivia: intervenidos 47 locales en varias provincias y zonas fronterizas, capturadas 6 personas e incautados 959 teléfonos.
  • · Chile: intervenidos 551 locales, capturadas 13 personas e incautados 553 móviles.
  • · Ecuador: intervenidos 330 locales, capturadas 22 personas e incautados 4.271 celulares.
  • · Perú: intervenidos 214 locales, capturas 56 personas e incautados 2.436 teléfonos.
  • · Panamá: en desarrollo de controles en establecimientos dedicados al comercio de equipos móviles se incautaron 7 celulares.

Víctimas de la vacuna gardasil contra el papiloma humano interpusieron demanda contra farmacéutica MERCK SHARP & DOHME

Bogotá D.C.  Agosto 6 de 2017.- Luego de 4 años de lucha social y constitucional  por el reconocimiento de los daños causados por la vacuna contra el virus del papiloma humano GARDASIL en cientos de niñas colombianas, el pasado viernes 4 de agosto la abogada Mónica león Del Rio,  madre de una víctima de la vacuna en  representación de la Asociación Colombiana Reconstruyendo Esperanza que reúne a las víctimas de esta vacuna en todo el país, presentó ante los juzgados del circuito de Bogotá  ACCION DE GRUPO en contra de la multinacional farmacéutica MERCK SHARP & DOHME fabricante de la vacuna en el mundo.  

Los daños producidos por la vacuna gardasil han sido denunciados en diversas partes del mundo  y el único Ministro de Salud que ha ordenado una investigación científica sobre los daños producidos en el sistema inmunológico y neurológico ha sido el de Japón, país que suspendió la recomendación de esta vacuna por los cientos de efectos adversos producidos a niñas y adolescentes en el sistema nervioso autónomo.  Como particularidad encontramos que los diagnósticos de las niñas colombianas son iguales a los de las niñas de Japón que sufren de graves  trastornos neurológicos por una afectación en el sistema inmune que generan entre otros síntomas:  daños en el sistema inmunológico con enfermedades como lupus, artritis, esclerodermia, encefalomielitis, enfermedades desmielinizantes entre otras, sincopes, adormecimiento de extremidades, daños cardiológicos, intolerancia ortostática, hipotensión ortostatica generando en las menores las denominadas “crisis” que asemejan convulsiones; las muertes reportadas en Colombia por las enfermedades causadas por la vacuna son 6 y las discapacidades siguen aumentando en alrededor de 756 menores y adultas que fueron presentadas en la  acción de grupo.

El proceso  estará acompañado con científicos de diversas partes del mundo que han estudiado las enfermedades causadas por la vacuna y han establecido nexo temporal entre la aplicación de la vacuna gardasil y las enfermedades y muertes en las niñas y adolescentes.

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