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Viernes, 10 Febrero 2017 16:16

Dos Representantes conservarán su curul

El Consejo de Estado Informó que su Sección Quinta negó la nulidad del acto de elección de los representantes a la Cámara por la circunscripción internacional Ana Paola Agudelo García y Jaime Buenahora Febres, elegidos para el periodo de  2014 a 2018.

Por: Hamilton Fuentes.

En este sentido, como explicaron en la Alta Corte, según el demandante en el proceso de elección de los legisladores en mención se registró trashumancia internacional, suplantación e irregularidades en un formulario electoral y en las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras creadas por el Consejo Nacional Electoral, entre otras equívocos.

De esta manera, cuando se analizó el cargo de suplantación, se probó que de 1.420 cédulas de ciudadanía censuradas por el accionante, 1.245 corresponden a votos fraudulentos. 

Sin embargo, sumado este guarismo al de afectación por trashumancia (521), su total descontado conforme a la distribución porcentual no tiene la virtualidad de variar el resultado porque sigue existiendo una diferencia de 808 votos entre el candidato elegido por el Partido de la U (Jaime Buenahora Febres) y quien le siguió en votación (Zoilo César Nieto Díaz).

Sobre trashumancia

Así mismo, la Sala encontró que de los titulares de los 2.648 números de cédulas demandados por el cargo de trashumancia, 2.127 no son trashumantes, mientras que los 521 restantes sí lo son. 

Los primeros, por cuanto no se les desvirtuó la presunción de residencia electoral y los segundos, por tratarse de personas que no hicieron parte del censo de ciudadanos en el extranjero conformado para las elecciones del 2014.

De igual manera, aunque la Sala, a partir de los cargos de suplantación y trashumancia planteados por el actor, encontró evidenciadas de algunas irregularidades en el proceso estas, en su conjunto, no tuvieron el potencial de afectar el resultado definitivo de la elección, por lo que se negaron las pretensiones de la demanda y se mantuvo en firme la elección como representantes a la Cámara de Ana Paola Agudelo García y Jaime Buenahora Febres, entre otros.

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Según un experto, la entidad, al no saber hacer los anuncios oportunamente, llega a un apresuramiento. Lo ideal es no hacer declaraciones hasta que haya hechos comprobados.

Por: William Díaz Tafur.

A propósito del anunció de la Fiscalía General sobre la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014, el Ministerio del Interior informaba que el Mandatario en los últimos seis años y medio de gobierno ha mostrado “su condición de dirigente transparente e intachable en todas sus actuaciones y que se ha comprometido a fondo en la lucha contra la corrupción.

Precisamente, recalcaba la cartera política que el  Fiscal General afirmó que no hay ninguna prueba documental que muestre el posible ingreso de dineros de la firma Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos para la reelección del año 2014 y señaló que el tema se remite sólo a un testimonio que Otto Bula.

Al respecto Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, explicó a EL ESPACIO que “hay que recordar que este Gobierno ha tratado de abanderar el tema de la lucha contra la corrupción”, y hay un estatuto que se creó en ese sentido.

Agregó en ese aspecto que se ha dado “mucho énfasis en no sembrar o abrir dudas respecto de la transparencia con la que se ha obrado. Obviamente ha existido desde hace mucho tiempo críticas por lo que se conoce como la mermelada” o algunas prebendas en el tema político.

Tema Álgido

Según Jaramillo, es un tema estructural de hace mucho tiempo y el Gobierno lo que ha tratado de responder, por lo menos en lo jurídico, que se castigue de alguna forma más segura a quienes incurren en delitos relacionados con la corrupción.

Sobre el manejo que le dio la Fiscalía al tema, dijo que la entidad, “con ese fiscal está bastante politizada, y digamos que el país sigue enfrentándose a unos escándalos, que muestran unas prácticas políticas muy dañinas, desde la época de los 90 con escándalos como el de Dragacol y Foncolpuertos”, cuando se pensó que se tomó una toma de conciencia en algunos sectores político para no seguir incurriendo en esas prácticas.

Pero, agregó el experto, en el transcurso de los años “no se ve que haya unos cambios” y lo que cambió es el grado de conocimiento de los temas.

Lo más nocivo es que para el ciudadano del común el impacto que se tiene es que desconfía de la política, de la democracia, termina en apatía, menos confianza en las instituciones y en la política, en el Gobierno, en el Congreso y eso, a largo plazo termina por debilitar la legitimidad de la democracia.

Además cree que la Fiscalía, al no saber hacer los anuncios de forma oportuna,  llega a un apresuramiento y “bueno, hay que esperar porque son casos en que las certezas no abundan, es un caso preliminar, sabemos partes, hay una lluvia de declaraciones sin que necesariamente allá unos hechos comprobados”, entre otras

afirmaciones.

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Miércoles, 08 Febrero 2017 17:50

Odebrecht también le saldrá caro a Bogotá

El interceptor Tunjuelo-Canoas le costará 38.000 millones de pesos más a la capital, a causa del fallo Tribunal de Arbitramento.

Por: William Díaz Tafur.

Carlos Eduardo Guevara, representante del Movimiento Político Mira, criticó que el interceptor Tunjuelo-Canoas le costará 38.000 millones de pesos más a Bogotá, a causa de un fallo emitido por el Tribunal de Arbitramento que le dio la razón a Odebrecht, ante la demanda interpuesta por esta polémica empresa contra la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

En este sentido, declaro el Congresista que este fallo ordenó pagar la a suma de 11.600 millones de pesos de indemnización por las pretensiones solicitadas por esta firma. 

De igual forma, el Acueducto debe pagar 2500 millones de pesos  a este Tribunal por honorarios y gastos.  

A lo anterior se suma que la empresa debe contratar otra firma  para que realice los diseños, y la obra no concluida del Intersector Tunjuelo-Canoas, por un valor de 24.300 millones de pesos.

Es insólito

Agregó Guevara que “es paradójico ver que mientras las EAAB solicitó una indemnización de 250 mil millones de  pesos por retraso de 7 años para culminar las obras del plan de saneamiento del río Bogotá ordenados por el Consejo de Estado, este Tribunal le niegue todos los argumentos y le dé la razón  a Odebrecht”, mientras que “el perjuicio ambiental que ocasiona este retraso no se puede cuantificar”.

Al Congresista también le pareció insólito que mientras la Procuraduría General en un concepto le haya dado la razón al Acueducto de Bogotá en lo concerniente al incumplimiento de Odebrecht con lo requerido en el contrato de la obra Interceptor Tunjuelo-Canoas, en la  entrega a tiempo de las fichas técnicas para la adquisición de los nuevos predios por la modificación que se hizo al diseño inicial, que fue la razón fundamental para que  la obra no se pudiera concluir, y el Talón de Aquiles de los pleitos judiciales entre el Acueducto y Odebrecht.

El fallo

Según declaró Guevara, “no entendemos cómo el Tribunal de Arbitramento falló a favor de Odebrecht, cuando es evidente que los retrasos y la paralización de la obra se dieron por el incumplimiento de esta firma tan cuestionada por sus métodos utilizados para su beneficio particular”.

Por tal motivo, recalcó el Legislador del Moviento Mira, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación para que incluya este caso en las investigaciones que se están adelantando a Odebrech.

Corrupción

Hay que recordar que la CCI (Cámara Colombiana de la Infraestructura) había conminado hace unos días al Gobierno y a los nuevos rectores de las instancias de control, Edgardo Maya, Néstor Humberto Martínez y Fernando Carrillo, liderar con toda decisión y energía, una gran cruzada nacional para combatir y erradicar el fenómeno corrosivo de la corrupción en la contratación, originado, en buena parte, por la injerencia perniciosa de algunos sectores políticos en los procesos contractuales.

Lo mismo había hecho el presidente Juan Manuel Santos, quien también había pedido a las cabezas de los organismos de control que resuelvan a la brevedad posible casos de corrupción como los de Odebrecht, Reficar y Bioenergy.

En tal sentido, como se rcordará, le pidió al fiscal Néstor Humberto Martínez; al procurador Fernando Carrillo, y al Contralor Edgardo Maya, que se resuelvan estos casos a la mayor brevedad posible, y que no se tenga ninguna, ninguna contemplación con los responsables.

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