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Periodista costa

Bogotá, 21 agosto 2017.- El Procurador General de la Nación encargado, Juan Carlos Cortes Gonzalez, informó este viernes. del envío de un requerimiento al Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, para que remita en los próximos 3 días un informe detallado de las acciones adelantadas por el Distrito para mitigar los riesgos derivados de las situaciones presentadas recientemente en el relleno sanitario de Doña Juana.
También solicitó anexar las actas de interventoría del contrato de operación del relleno, y los planes de mejoramiento derivados de los hallazgos, así como informar sobre las acciones judiciales en curso por la operación del mismo.

Funcionarios de la Procuraduría General de la Nación visitaron hoy el relleno en compañía de funcionarios del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, y encontraron situaciones preocupantes como: 

• Inadecuada operación en el relleno sanitario, que daría origen a la generación de malos olores y presencia de moscas, zancudos, ratas. 

Esta deficiencia estaría concentrada, especialmente, en el sitio donde ocurrió el deslizamiento de octubre de 2015.

• No se está realizando un adecuado drenaje de los lixiviados, ni efectuando un adecuado tratamiento de los mismos, tal como se evidencia en la descarga de la planta de tratamiento al Río Tunjuelo. 

• Presencia de residuos sólidos a la intemperie, lo que implica que no se está haciendo un uso adecuado del material de cobertura tanto de manera provisional como definitiva.  

• Presuntamente no se estaría dando cumplimiento a la licencia ambiental aprobada y no habría seguimiento y control a este instrumento por parte de la autoridad ambiental.

• Inexistencia de alternativas de sitios de disposición final.

• No existe un plan de contingencia acorde a la cantidad de toneladas que se disponen en el relleno sanitario (aprox. 6000 ton/día).

Para el Procurador General encargado este es un tema urgente, que requiere de acciones inmediatas por los riesgos ambientales, sociales y sanitarios que implica, así como por la prevalencia de los derechos en juego.

Domingo, 20 Agosto 2017 20:22

IN-FIELES LA VENGANZA. Por Roberto Tapia

Hace algunas semanas se estrenó la obra In-fieles 2, La Venganza, secuela de la exitosa obra In-fieles, en el teatro Santa Fe de la ciudad de Bogotá. Juan Ricardo Gómez, escritor y director de la obra, volvió a meter un gol con su moraleja social sobre la fidelidad entre parejas. Polémico, pero a su vez reflexivo, nos presenta una puesta en escena de comedia, música y baile. Por supuesto, su éxito se debe en gran medida al talento e interpretación de las cuatro infieles: Yolanda Rayo, Luly Bossa, Linda Lucía Callejas y XilenaAycardi.  

Estas lobas vestidas de cordero regresan con más veneno y humor que en la primera parte. Recordemos, cuatro amigas de la vida se juntan para una noche de pijamada, llena de confesiones maritales y remordimientos de infidelidad. Cada una más infiel que la otra, se reúnen para la venganza en esta segunda parte, pero terminamos por entender que el veneno del rencor solo nos mata a nosotros mismos.   

Todos hemos pasado por el dolor y decepción de una infidelidad. A todos nos han roto el corazón y aunque nos cuesta aceptarlo, hace parte de este voluble viaje de emociones y experiencias que llamamos vida. In-fieles la venganza nos deja la lección del perdón y humildad. Todos hemos sufrido con el peso de los cachos, el tedioso insomnio que trae consigo y la cabeza llena de cuentos que probablemente jamás pasaron. Vengarnos de una infidelidad es un arma de doble filo, es tomar el veneno antes de verterlo sobre tu opositor, y sobre todo es una muestra de la falta de amor a nosotros mismo.   

Cuando vivimos esta experiencia por primera vez, y de la cual luchamos por levantarnos victoriosamente, durante una de esas tantas noches eternas divagamos sobre cómo funciona la fidelidad en el ser humano. ¿Será que este concepto solo surgió cuando la religión y el sistema de pertenencia se combinaron en la sociedad? ¿Será que la moral social se ha extinguido y solo nos queda la rendición? ¿Será que somos más animales que seres sociales y éticos, y es por eso que nos cuesta tanto ser fieles? Lo importante aquí, y como siempre, es ser fieles a nosotros mismos; nuestra propia felicidad depende de nosotros mismos. 

El primer paso para superar la infidelidad de nuestra pareja es cortar nuestra imaginación, porque de ella solo nos queda el entretenimiento morboso, pero jamás es acertada. 

In-fieles La Venganza es atinada y divertida, y sobre todo, es el plan perfecto para la meditación entre parejas. Ellos ríen entre la audiencia, reflexionan en la cama. 

Bootá, 19 de agosto de 2017.- El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, informó que instauró denuncio penal contra  83 personas entre las que están contratistas y funcionarios, por presuntos manejos irregulares en la expedición de las guías sanitarias de movilización interna de animales y en sus actuaciones en los puestos de control sanitario.

Las anomalías se han encontrado en los departamentos de Vichada, Norte de Santander, Córdoba, Boyacá, Cesar, La Guajira, Caldas, Arauca, Quindío, Meta, Santander, Cundinamarca y Huila.

“Nuestro compromiso es total con la transparencia de la gestión y por esta razón, luego de auditorías internas y en atención a quejas de los usuarios, iniciamos desde hace varios meses investigaciones internas que nos llevaron a instaurar las denuncias penales ante la Fiscalía e iniciar los procesos disciplinarios necesarios, para establecer la responsabilidad en estos presuntos hechos de corrupción”, señaló el gerente general del ICA, Luis Humberto Martínez Lacouture.

Agregó el funcionario que  “los hallazgos encontrados en el proceso de expedición de guías sanitarias de movilización, favorecen la presentación de situaciones asociadas al contrabando y abigeato de animales y van en contravía de las normas técnicas para el control a la movilización y sanidad animal”. 

La expedición en línea de las guías de movilización interna de animales, a través del SIGMA, le ha permitido a la Entidad tener un efectivo control del uso que le dan al aplicativo las personas a quienes se les encarga esta delicada labor en los Puntos de Servicio al Ganadero y en las oficinas locales del ICA en todo el país.

El Instituto encontró que se han adulterado documentos como el Registro Único de Vacunación, las consignaciones y  los soportes de pruebas diagnósticas.

Entre otras anomalías detectadas por el ICA están:
 
  • Ingresos al Sistema en Horarios extra laborales, con movimientos en el Sistema como actualización de inventarios, expedición de guías sanitarias y anulación de las mismas.
  • Guías expedidas de predios que no cuentan con documentación de Registro Sanitario de Predio Pecuario cargada en el sistema.
  • Guías expedidas de predios que no cuentan con documentación completa de Registro Sanitario de Predio  Pecuario en la carpeta de registro.
  • Control de inventarios de predios bovino y bufalino. Aumento de inventario animal empleando soportes pdf no correspondientes al predio o al ciclo, o repitiendo el mismo soporte en varias ocasiones.
  • Control de inventarios de predios bovino y bufalino. Aumento de inventario animal empleando soportes pdf correspondientes al predio y/o al ciclo, pero sin declaración extraprocesal o llamado de atención.
  • Cargue de Registro Único de Vacunación de Aftosa,  2 veces en un mismo predio,  eliminando o cambiando un número.
  • Cargue de Registro Único de Vacunación de Aftosa con soportes no correspondientes a un soporte de vacunación oficial.
  • Cargue de Registro Único de Vacunación de Aftosa con cantidades superiores a las reportadas en el soporte de vacunación oficial.
  • Ingresos de guías asistidas con soportes no correspondientes a las guías de movilización de ICApro.
  • Ingresos de guías asistidas con información no concordantes con el soporte pdf.
  • Guías expedidas por altas cantidades de animales en un solo vehículo.
  • Guías expedidas sin firma de conformidad del propietario o autorizado.
  • Guías expedidas con firma de conformidad diferente a la del propietario o autorizado.
  • Guías sin copia en el archivo de Licencias
  • Guías anuladas sin soporte copia y/o original.
  • Anulación de Guías en tiempos no autorizados para ello (Pasada la vigencia).
  • Guías expedidas en estado “en movilización” con colilla o desprendible.
  • Cargue de consignaciones donde el tercero registrado en el soporte pdf es diferente al propietario de los animales.
  • Guías a expedidas en efectivo sin conciliar.
  • Movilizaciones en papel hacia predios de frontera y de esta forma legalización de animales introducidos desde Venezuela. 
De acuerdo con el gerente general “la Oficina de Control Disciplinario del ICA ha recibido entre el 2016 y el 2017, 22 quejas por irregularidades en los puestos de control y en la expedición de guías sanitarias de movilización interna de animales y la fecha hay 19 procesos disciplinarios abiertos, 6 en puestos de control y 13 en puntos de expedición de guías”.

“No nos temblará la mano para denunciar a los funcionarios y/o contratistas que comentan actos de corrupción y pongan en riesgo el trabajo honesto, serio  y responsable de la gran mayoría de servidores que luchan por mantener el estatus sanitario del país”, aseveró Luis Humberto Martínez.

Ante las investigaciones adelantadas por el ICA, varios de los funcionarios y contratistas implicados en estos presuntos hechos de corrupción fueron rotados de sus puestos de trabajo y a los contratistas no se les renovó su vinculación por prestación de servicios. Otros, ante la notificación de la apertura de investigación disciplinaria en su contra, renunciaron y/o abandonaron el cargo.

Estos manejos inadecuados han permitido identificar más de 2.500 predios, desde los cuales se podría estar favoreciendo la legalización de animales,  ingresados de forma ilegítima desde Venezuela.

La Fiscalía continúa sus pesquisas y dará a conocer los resultados de las investigaciones
Bogotá, agosto 17 de 2017.- Este miércoles fueron aprobados en el Senado de la República tres proyectos encaminados a la reducción de la pobreza extrema en Colombia y a la creación de políticas públicas en Acuerdos Internacionales tales como como el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico y el Acuerdo de Marrakech.
Programas estatales de reducción de la pobreza extrema
El senador Antonio Correa, ponente de la iniciativa que pretende adoptar criterios en los programas estatales de reducción de la pobreza extrema, la promoción de la movilidad social y la regulación del funcionamiento del Programa Más Familias en Acción, manifestó que también se busca apoyar la culminación del ciclo de educación básica y media, impulsar el tránsito de los jóvenes bachilleres promovidos del programa a instituciones y programas de educación superior.
La iniciativa pretende contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia, mejorar las competencias ciudadanas y comunitarias de los titulares del programa, priorizar la ampliación de la cobertura rural del Programa Familias en Acción y fomentar los factores de movilidad social de las familias beneficiarias en aras de estimular la superación de las condiciones de pobreza y pobreza extrema. 
Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico
Así mismo, pasó a segundo debate la iniciativa sobre el Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
La iniciativa procura incrementar y facilitar el comercio entre los países miembros, y garantizar la efectiva circulación de productos cosméticos, por ejemplo, así como el acceso ágil de Colombia a los mercados de los países de la Alianza del Pacífico.
Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech.
Fue aprobado en segundo debate la iniciativa sobre el Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech, el ponente de la iniciativa, senador Aníbal Avirama, expresó las bondades del proyecto como herramienta importante para el desarrollo nacional.
“Con esta iniciativa Colombia se pone a tono en materia de facilitación del comercio exterior con países de la región que ya cuentan con estas herramientas, como es el caso de México, Chile y Perú, vinculando las mejores prácticas que eliminan controles redundantes y onerosos en las operaciones de ingreso y salida de mercancías del país”, afirmó Avirama.
 
Respecto al proyecto que regula las prácticas de servicio rural a los médicos, fue remitido a  comisión especial de conciliación.
 Ciudades como Medellín, Buenaventura y Bogotá tienen una prevalencia del delito por encima del 30%.
Las mujeres negras, con edades entre 15 y los 24 años, de estrato socioeconómico 1 se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia sexual.
Una de cada cinco mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual fue intimidada por su agresor con un arma. De éstas, la mitad fue amenazada por un arma de fuego.
De las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, el 16,7% lo ha sido por violación y un 45,2% dice haber sido víctima de acoso sexual.
Dentro de los actores armados, los ilegales son los mayores agresores de los diferentes tipos de violencia sexual.
El 78% de las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia sexual no denunciaron los hechos.
Barranquilla, 17 de agosto de 2017.- En total 875.437 mujeres fueron víctimas directas de algún tipo de violencia sexual durante el periodo 2010-2015, lo que significa que anualmente, en promedio, lo fueron 145.906 mujeres, 12.158 cada mes, 400 cada día y 16 cada hora. Esto, permite inferir que la violencia sexual contra las mujeres constituye una práctica habitual y frecuente en el marco del conflicto armado y por lo mismo puede ser calificada como generalizada.
Estas cifras son el resultado de la Encuesta de prevalencia de violencia sexual contra las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano 2010-2015, realizada por 13 organizaciones de mujeres, mixtas, feministas, víctimas y derechos humanos, que muestra una prevalencia del delito de 18,36% para un universo de 142 municipios con presencia de fuerza pública, guerrilla, paramilitarismo y/o Bacrim.
Los resultados de la encuesta son representativos para mujeres entre 15 y 44 años residentes en la cabecera urbana de 142 municipios, distribuidos en 29 departamentos del país y se basó en ocho tipos de violencia sexual: la violación, la prostitución, el embarazo, el aborto y la esterilización forzada, así como el acoso sexual, los servicios domésticos forzados y la regulación de la vida social y afectiva.
Llama la atención que el 56,6% de las mujeres encuestadas consideran que la presencia de actores armados en los municipios incrementa la violencia sexual en el ámbito público. El contexto del conflicto armado, según las mujeres, incrementa el riesgo de ser víctimas de violencia sexual, tanto en el ámbito privado como en el público.
En ciudades principales e intermedias la prevalencia de la violencia sexual en contra de las mujeres es similar, estando sobre el 21.5%., mientras en municipios medianos es de 12,5% y en municipios pequeños es del 8.9%.
“Las mujeres residentes en los municipios pequeños tienen menor riesgo de ser víctima de alguna forma de violencia sexual que el promedio y en la medida en que el tamaño poblacional del municipio se incrementa, también lo hace la prevalencia de mujeres víctimas, mostrando un salto importante de municipios medianos a ciudades intermedias y principales donde el riesgo se incrementa en un 9%”, asegura la encuesta.
Encontramos preocupante que una de cada cinco mujeres víctimas de algún tipo de violencia sexual fue intimidada por su agresor con un arma. De éstas, la mitad fue amenazada por arma de fuego y una de cada tres por arma blanca.
La encuesta concluye que las mujeres negras, con edades que oscilan entre los 15 y los 24 años y que pertenecen al estrato socioeconómico 1, se encuentran más expuestas a ser víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado que las mujeres de otro origen étnico, de otros rangos de edad y de otros estratos socioeconómicos.
Las mujeres entre 15 y 24 años son las principales afectadas por los tipos de violencia sexual relacionadas con regulación de la vida social, servicios domésticos forzados, acoso sexual y embarazo forzado.
“La proporción de mujeres víctimas es mayor para los tipos de violencia sexual relacionados con la regulación de la vida social (64,2%) y para el acoso sexual (45,2%), que para los demás tipos de violencia. Las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, el 16,7% lo ha sido por violación, el 13,9% lo ha sido por servicios domésticos forzados, el 6,49% lo ha sido por aborto forzado, el 3,85% lo ha sido por prostitución forzada, el 2,68% lo ha sido por embarazo forzado y el 1,63% lo ha sido por esterilización forzada”, concluye la investigación.
En síntesis, este estudio nos permite establecer que las principales formas de violencia sexual reportadas por las mujeres víctimas fueron la regulación de la vida social y el acoso sexual. Tal como lo plantea la Corte Constitucional, estas formas de violencia son una manifestación muy clara de “las restricciones abiertas al ejercicio de la autodeterminación y de las libertades básicas de la población femenina, en el sentido de que la mujeres son sometidas a regulaciones estereotipadas y prejuiciosas, que les prescriben la forma de vestir, los horarios de salida, de llegada y de circulación pública, los sitios de diversión, las compañías, las normas de higiene personal, el desarrollo de la vida sexual y afectiva, y el deber ser del comportamiento moral” (Corte Constitucional, 2015, p.16). Las estimaciones presentadas aquí nos permiten plantear la hipótesis, según la cual, los tipos de violencia sexual incluidos en este estudio afectan de manera diferenciada a las mujeres teniendo en cuenta su origen racial.
Dentro de los actores armados, los ilegales son los mayores agresores de los diferentes tipos de violencia sexual. La fuerza pública ha perpetrado fundamentalmente acoso sexual (6%), servicio doméstico forzado (7%) y violación (1%). Otros actores no determinados han incurrido en acoso sexual (15%) y violación (19%).
En relación a los tipos de agresores, un hallazgo importante es que el principal perpetrador de las diversas formas de violencia sexual contra las mujeres incluidas en este estudio es un integrante de su propia familia (con excepción del acoso sexual y la esterilización forzada).
La denuncia por parte de las mujeres víctimas de violencia sexual
El 78% de las mujeres que manifestaron ser víctimas de violencia sexual no denunciaron los hechos. Esto quiere decir que aproximadamente 620.418 mujeres no denunciaron los hechos que sufrieron, mientras que sólo el 20%, es decir, 174.990 mujeres denunciaron alguna de las formas de violencia de las que habían sido víctimas. El 2% no respondió a la pregunta si denunció o no los hechos de los cuales fue víctima.
En cuanto a la institución en donde hubo denuncia se puede observar que el 51% lo hizo en la Fiscalía, el 18,5% en la Comisaría de Familia, el 15% en la Inspección de policía y el 5,3% en la Defensoría del Pueblo. Las razones más recurrentes para no denunciar, según las mujeres que no lo hicieron son: miedo a represalias (24%), no le interesó y prefirió dejarlo así (23,3%), no cree ni confía en la justicia (12,2%), no quería que los familiares supieran (9%), y no sabe cómo hacerlo (6%).
Siendo víctima o no del conflicto, buena parte de las mujeres creen que la presencia de grupos armados exacerba la percepción de riesgo de ser víctima de violencia sexual tanto en el ámbito público como en el privado.
Los anteriores son algunos de los resultados de la encuesta que se realizó en el marco de la Campaña “Violaciones y otras Violencias: Saquen mi cuerpo de la guerra”; que nace en el 2009 como una alianza entre organizaciones de mujeres, feministas, mixtas, víctimas y derechos humanos, para visibilizar la violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto armado, incidir en la superación de la impunidad y exigir el derecho de las mujeres víctimas a la verdad, justicia, reparación, y garantías de no repetición.
Esta campaña es impulsada por Oxfam en asocio con: Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos – AMMAC, Asociación Red de Mujeres Víctimas y Profesionales, Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción- FUNSAREP, Centro de Promoción y Cultura – CPC, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Genero -Humanas Colombia, Coalición Contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al conflicto armado en Colombia-COALICO, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación Casa de la Mujer, Corporación Mujer Sigue Mis Pasos, Corporación Vamos Mujer, Humanidad Vigente Corporación Jurídica y Ruta Pacifica de las Mujeres.
Esta encuesta se realizó en un contexto nacional caracterizado por la confluencia de un conjunto de hechos como el desarrollo del proceso de conversaciones para la salida política del conflicto armado entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP), la emergencia y el fortalecimiento de las denominadas Bandas Criminales- neo paramilitarismo- y las amenazas que estas plantean a la seguridad, a las mujeres y a la implementación del “Acuerdo Final Para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”. 
RECOMENDACIONES
Es necesario y urgente el fortalecimiento de la institucionalidad con responsabilidades en prevención, protección, investigación, sanción y garantías de no repetición para las mujeres víctimas de violencia sexual. A su vez, el sistema judicial debe hacer efectivo el derecho de las mujeres a una justicia pronta y eficaz, que permita superar los obstáculos que ellas tienen que enfrentar.
En el marco del post acuerdo y de la implementación del Acuerdo Final; es necesario garantizar a las mujeres víctimas su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, creando mecanismos expeditos que consulten sus realidades y necesidades.
Colombia transita hacia la construcción de la paz, en este contexto el Acuerdo se constituye en una oportunidad para que en el marco de su implementación se avance en superar situaciones que colocan a las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad, tales como la pobreza, los bajos niveles de representación política, el poco acceso a la propiedad de la tierra y la vivienda y el escaso acceso a bienes, recursos, servicios y riqueza. Estas realidades deben ser superadas para que se constituyan en factores protectores para prevenir las violencias contra las mujeres.
Y finalmente, solicitamos a la Comunidad Internacional en sus relaciones bilaterales con Colombia que acompañe al Gobierno en lo nacional y territorial, en la formulación y puesta en marcha de políticas que incluyan la garantía del Estado de Derecho y la tolerancia cero con las violaciones de derechos humanos, en especial con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del pos acuerdo y construcción de paz. Esta tolerancia cero debe incluir la exigencia de investigar, juzgar y sancionar a los culpables y reparar integralmente a las mujeres víctimas de esta violencia.
Barranquilla, 17 de agosto de 2017.- Los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 dieron a conocer a quien será su imagen, su mejor cara, su anfitrión: ‘Baqui’ el mono tití cabeciblanco es desde hoy la figura que representa a las justas y a los barranquilleros, en el año del conteo regresivo para el inicio de las competencias.

El tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) es uno de los primates en mayor peligro de extinción en todo el mundo. Su poblacióntiene una distribución muy limitada en el noroeste de Colombia entre el río Atrato y el río Magdalena, en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el noreste antioqueño, en donde sobrevive; pero, a pesar de todos los esfuerzos que se vienen haciendo, ha sido severamente afectado por la destrucción de su hábitat natural y el tráfico de fauna silvestre.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza- UICN- clasificó al tití cabeciblanco como una especie en peligro crítico de extinción en el 2008 y posteriormente en el 2010 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia adoptó la misma clasificación.

La presentación oficial del tití como anfitrión de las justas se celebró en el Hotel Dann Carlton y contó con la presencia del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub; el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; el director de los Juegos, Daniel Noguera de La Espriella; el presidente de la Odecabe, Steve Stoute; la directora nacional de Coldeportes, Clara Luz Roldán; el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina; la medallista olímpica Ingrit Valencia; el marchista Éider Arévalo, quien se coronó como campeón mundial de marcha 20 kilómetros en Londres el domingo pasado, y los miembros del Comité Ejecutivo de Odecabe, entre otros.

‘Baqui’ va a preparar a toda la ciudad para el gran evento y va a acompañar a grandes y chicos durante los días competencia con toda la energía que caracteriza a su especie.

Nuestro anfitrión no es una mascota, es un barranquillero más. Y por ende, es alegre, divertido y con un saludo particular que se oye a kilómetros. Como el resto de su especie, representa un animal que tiene su hogar en nuestras tierras, que vive en comunidad como nosotros y que es todo un atleta de los bosques. Salta, corre y se mueve con una agilidad tan increíble que no tiene nada que envidiarles a los atletas que va a convidar en Barranquilla, su casa.

La decisión de designar al tití cabeciblanco como anfitrión de los Juegos es solo una muestra más del compromiso de Barranquilla y la región Caribe con la fauna y el medio ambiente.

Preservar una especie en peligro de extinción, crear conciencia entre los habitantes del riesgo que representa sacar a estos animalitos de su hábitat, hacer un llamado para erradicar la tala de árboles en las zonas donde este habita y evitar su comercialización, son los principales objetivos de la organización de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe.

En el acto de presentación de ‘Baqui’, el alcalde Alejandro Char impuso la medalla del orgullo barranquillero a los deportistas Ingrit Valencia, Éider Arévalo y al primer medallista olímpico de Colombia, el barranquillero Helmut Bellingrodt.

“Vivimos orgullosos de nuestros deportistas, los de ayer y los de hoy, por eso los homenajeamos y los hacemos partícipes de nuestros juegos”, expresó el mandatario.

El alcalde Char también destacó que, gracias a las justas, Colombia va a quedar para siempre en el corazón de los centroamericanos. “Ser anfitrión es una gran responsabilidad, todos los barranquilleros debemos poner nuestra mejor cara, acompañada de una gran sonrisa”, puntualizó.
Bogotá, 17 de agosto de 2017.- A sanción del alcalde Enrique Peñalosa pasó el Proyecto de Acuerdo No. 167 de autoría de la Bancada del Movimiento Político MIRA integrada por los concejales Gloria Stella Díaz y Jairo Cardozo Salazar, por el cual se crea el Comité de Libertad Religiosa de Cultos y Conciencia en la capital del país.
El Proyecto contó con la coautoría de 30 concejales de otras bancadas y se encargará de asesorar al Gobierno Distrital en todo lo que tiene que ver con el derecho fundamental a la libertad religiosa, y de traer a las instancias distritales las diversas problemáticas que se  presentan a las confesiones religiosas, para la búsqueda de soluciones.
“El Comité será una instancia de participación ciudadana que se va a encargar de articular con la administración distrital toda la política pública de libertad religiosa ordenada en el actual Plan Nacional de Desarrollo. Será un escenario muy importante para el trabajo interreligioso, para sacar adelante la verdadera libertad religiosa en la capital y desde luego proyectarla a los diferentes municipios y departamentos del país”, aseguró el concejal Cardozo.
“En el Comité tendrán asiento la Administración Distrital; los representantes legales de todas las confesiones religiosas que tienen presencia en Bogotá; las asociaciones de ministros de culto, entre otros. Como invitados estarán el Procurador Distrital, el Defensor del Pueblo y la academia,  de manera que es muy amplio y creemos que se va a constituir en un escenario muy adecuado para impulsar la reconciliación y la convivencia con respeto”, agregó el cabildante.
Por su parte la Concejal Gloria Díaz, reconoció y agradeció la voluntad de la Mesa Directiva y  de los compañeros del cabildo para sacar adelante esta iniciativa. “Resulta fundamental y marca un hito en la historia del distrito capital y también como programa piloto a los otros municipios que no lo han logrado. Para nosotros es un motivo de gran felicidad reconocer que de ahora en adelante en el distrito capital ya podemos empezar a hablar y construir el camino del respeto por la libertad religiosa”.

Bogotá, 17 de agosto de 2017.- Con una votación unánime, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este miércoles en segundo debate el proyecto de ley que consagra la doble instancia en los procesos de pérdida de investidura de congresistas.

Este proyecto de ley fue radicado por el Ministerio de Justicia y del Derecho el pasado 2 de mayo y tiene como objetivo principal adaptar el ordenamiento jurídico colombiano a la Convención Americana de Derechos Humanos y al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos que establecen la doble instancia como una garantía judicial para todas las personas.

"La doble instancia no sólo es un derecho constitucional sino que es un principio. Debemos aplicarlo en materia de pérdida de investidura para congresistas. Esto es parte de un requerimiento de las exigencias internacionales de la misma Constitución", indicó el jefe de la cartera de Justicia.

Actualmente, los procesos de pérdida de investidura de los congresistas los conoce, en única instancia, el Consejo de Estado. La iniciativa que está en curso en el Congreso propone una división orgánica al interior del alto tribunal de modo que se cree una sala para tramitar estos casos en primera instancia y, en segunda, irían a la Sala Plena. .

El Ministro Gil Botero, aseguró que el proyecto de ley no debe entenderse como una dádiva para los congresistas puesto que no existe justificación para que senadores y representantes estén por fuera del ámbito de protección de la Constitución en esta materia.  

Durante la discusión de este miércoles en la Plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó una proposición que busca ampliar de tres a diez días el término para contestar una demanda por pérdida de investidura.

Con la radicación de este proyecto, la cartera de Justicia busca adoptar una política coherente que garantice el derecho a la doble instancia y contribuya con la racionalidad para la correcta administración de justicia.

El Ministro Gil Botero, concluyó su intervención agradeciéndole a la Cámara de Representantes por el apoyo a este proyecto de ley con el que será posible saldar una deuda histórica que se tiene con el Congreso. 

La entidad dejó en firme la sanción impuesta en mayo pasado, luego de concluir que, debido a su papel de intermediaria, esta empresa facilita la violación de las normas de transporte en el país.

Bogotá, 17 de agosto de 2017 –. El superintendente de Puertos y Transporte, Javier Jaramillo, dejó en firme la sanción impuesta el pasado 4 de mayo por la Delegada de Tránsito y Transporte a la empresa Cabify Colombia, consistente en una multa de $516.401.900, por facilitar la violación de las normas de transporte al permitir que se preste el servicio público de transporte individual de pasajeros en vehículos de transporte especial o particular.

El funcionario desvirtuó los argumentos expuestos por dicha empresa, en los que alegó que solo es una plataforma tecnológica que sirve de intermediaria entre prestadores y usuarios del servicio público de transporte de pasajeros.

“Es claro que Cabify pretende librarse de su responsabilidad aduciendo que solo es una plataforma tecnológica y no un prestador de servicios de transporte. Pero al reconocer su papel de intermediaria, la ley nos faculta para sancionarla por facilitar la violación de las normas de transporte que rigen en el país”, indicó Jaramillo.

Esta investigación también permitió comprobar que los vehículos integrados a Cabify no cumplen con las condiciones exigidas para prestar esa clase de servicio de transporte público en Colombia, con lo cual –al propiciar esta práctica– se está promoviendo y/o facilitando la violación de las normas de transporte, dado que la ley prohíbe prestar el servicio público de transporte individual de pasajeros en vehículos habilitados para otra modalidad.

La entidad concluyó que la aplicación Cabify determina las condiciones del servicio prestado: indica y establece un precio al usuario, instaura condiciones de acceso y selecciona el vehículo; por tal razón, la influencia económica que tiene esta empresa frente a la prestación del servicio de transporte es ineludible.

El Superintendente aseguró que el desarrollo de nuevas tecnologías en materia de transporte cuenta con el apoyo del Gobierno Nacional, siempre y cuando se ajuste a la normatividad vigente. También recordó que es deber de la entidad velar por el cumplimiento de las leyes que regulan el servicio de transporte en Colombia. “Es nuestra obligación investigar y sancionar a cualquier empresa –nacional o extranjera– que viole estas normas”, advirtió.

Con la confirmación de la multa a Cabify, ya son cinco las sanciones que ha impuesto la Supertransporte a plataformas tecnológicas que facilitan la prestación de transporte no autorizado en Colombia: dos multas a Uber Colombia, por un total de $795 millones; una a Easy Taxi y otra a Smart Taxi, cada una por $516 millones.

Bogotá, 17 de agosto de 2017. Este jueves, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, firmó el convenio interadministrativo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, cuyo objetivo principal es brindar alternativas de aseguramiento para la vejez y posibilidades de cotización a pensiones en el Régimen de Prima Media (RPM) a la población privada de la libertad.

“Esta firma está partiendo la historia, convenios como este, aparentemente pequeños son grandes perspectivas humanistas. Esta cartera se complace en darle un vuelco a la política carcelaria; hoy celebramos esta firma con el Inpec y Colpensiones una noticia que debería ser de orden internacional ya que brinda alternativas de protección de los reclusos en su vejez”, afirmó el Ministro Gil Botero

Con este régimen, los afiliados o sus beneficiarios pueden obtener una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes o, en su defecto, la indemnización sustitutiva, así mismo con este convenio macro las personas recluidas en cárceles podrán afiliarse a los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un programa de ahorro voluntario para quien no alcanza a la pensión.

Los BEPS le permitirán ahorrar la cantidad que quieran y cuando puedan sin multas o intereses de mora en caso de no poder realizar aportes. Además, el Gobierno Nacional premiará el esfuerzo de los internos por hacer este ahorro entregando un subsidio del 20% sobre lo que haya ahorrado. “Este Ministerio, dentro del marco de sus competencias, tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia penitenciaria y carcelaria, todo esto en pro de garantizar los derechos humanos de esta población”, dijo el Ministro Gil Botero

Con este convenio, el Gobierno Nacional no solo espera darles una nueva oportunidad a los internos para que cuando queden en libertad puedan seguir cotizando y adquirir, por su cuenta, una pensión digna, sino que contribuye en su proceso de resocialización. Durante la firma, se conoció que no solo las personas que se encuentran intramuros tendrán este beneficio, también los que están en detención o reclusión domiciliaria pueden acceder a la prestación.

Buscar una educación financiera y el ahorro provisional es el gran reto que esta cartera de Justicia, de la mano con el INPEC y Colpensiones, tiene para con la población que se encuentra recluida en todas las cárceles del país.

El jefe de la cartera estuvo acompañado por el Brigadier General, Jorge Luis Ramírez Aragón, Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y Adriana María Guzmán Rodríguez, Presidente (e) de Colpensiones, quienes firmaron el convenio.

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