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Periodista costa

  • “Esta intervención busca colocar a la entidad en condiciones de cabal y estricto cumplimiento de sus obligaciones como EPS o establecer si debe ser liquidada”
  • “La salud de los colombianos no admite plazos, términos, condiciones, ni dilaciones”.
  • “No vamos a esperar otros dos años de mala atención y vulneración de derechos para actuar”.
  • “Estos colombianos, reitero, no aguantan un mes más en estas condiciones”.

Bogotá, 14 de septiembre de 2017. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud la inmediata intervención forzosa administrativa de Medimás EPS, debido a la inexistencia de red de prestadores de servicios que impiden garantizar la atención en salud, violando los derechos fundamentales de cerca de 5 millones de  afiliados. 

“Esta intervención busca colocar a la entidad en condiciones de cabal y estricto cumplimiento de sus obligaciones como EPS o establecer si debe ser liquidada”.

El jefe del Ministerio Público advirtió que Medimás no garantiza el plan obligatorio de salud de sus usuarios, quienes ya venían padeciendo la mala atención y los problemas de Cafesalud por casi dos años.

“Lo que la Procuraduría busca es tener una actuación oportuna en función de la protección de los afiliados a esta EPS, sus familias y sus derechos fundamentales. No vamos a esperar otros dos años de mala atención y vulneración de derechos para actuar. Estos colombianos, reitero, no aguantan un mes más en estas condiciones”.

Carrillo Flórez cuestionó los incumplimientos de la EPS, que a diario se ven reflejados en demoras en la atención o en las consultas médicas especializadas, retrasos para la programación de cirugías, no entrega de medicamentos, no pago de enfermedades por incapacidad laboral ni licencias de maternidad, desatención a fallos de tutela, no prestación de servicios de urgencias, entre otras omisiones, que suman más de 10.000 quejas ante la misma superintendencia en los 34 primeros días de operación, con corte a 4 de septiembre.

A esto se suma las 5.000 peticiones de información, que en su mayoría tienen relación con solicitudes de traslado a otra EPS.

“La falta de atención idónea y de una red suficiente para la prestación de servicios de salud, no solo afecta a los afiliados en general, sino lo que es aún más grave, los derechos de población vulnerable y de especial protección constitucional como niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo”.

El jefe del ente de control señaló que de los 29 departamentos donde opera Medimás, la Procuraduría cuenta con certificaciones expedidas por 27 entes territoriales donde la EPS no tiene contratada una red de prestadores de servicios.

“El simple hecho de tener cartas de intención con algunos prestadores de salud, sin ningún contrato formalizado, no garantiza la protección del derecho fundamental a la salud. (…) La salud de los colombianos no admite plazos, términos, condiciones, ni dilaciones”, sostuvo.

Ante este panorama de desatención, incumplimiento y afectación a los derechos fundamentales, el Procurador General de la Nación exhortó a la Superintendencia de Salud a realizar de manera inmediata las siguientes actuaciones:  

1. Proceda de forma inaplazable a garantizar el derecho fundamental a la vida y a la salud de la población afiliada a MEDIMÁS S.A.S. E.P.S. disponiendo la inmediata intervención forzosa para administrar a MEDIMÁS S.A.S. E.P.S de conformidad con lo previsto por la Ley 715 de 2001, artículo 68 y demás normas concordantes, con el fin de colocar a la entidad en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o establecer si la entidad debe ser liquidada. 

2. Disponga mecanismos efectivos que garanticen el inmediato traslado de usuarios que voluntariamente lo soliciten en forma individual o en grupos de usuarios colectivos de MEDIMÁS S.A.S. E.P.S, a otras Entidades Promotoras de Salud que se encuentren en capacidad de garantizar y asegurar la real y efectiva prestación del servicio de salud. Lo anterior, en ejercicio del derecho a libre escogencia de EPS. 

3. Adopte de forma inmediata las medidas conducentes a garantizar la salvaguarda de los recursos públicos de la salud administrados por MEDIMÁS S.A.S. E.P.S., asegurando que su aplicación corresponda en forma exclusiva, estricta e inequívoca al pago de los servicios y prestaciones derivados del aseguramiento en salud de sus usuarios. 

4. Adopte de forma inmediata todas las medidas conducentes a garantizar que los recursos públicos del Sistema de Salud, representados en las unidades de pago por capitación de los usuarios MEDIMÁS S.A.S. E.P.S., no sean destinados a pagos en virtud de las transacciones económicas existentes entre CAFESALUD S.A. E.P.S. y MEDIMÁS S.A.S. E.P.S. 

5. Ejecute de forma inmediata las demás actuaciones administrativas pertinentes y necesarias para proteger el derecho fundamental a la salud de los usuarios de MEDIMÁS S.A.S. E.P.S., y corregir las problemáticas actuales que presenta esta entidad, tales como la imposición de multas en los términos previstos por la Circular 005 de 2017, entre otras que resulten aplicables, con el fin de asegurar especialmente el acceso real y efectivo a una red de instituciones y profesionales con la capacidad técnica y científica necesaria para prestar los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad y continuidad en todos los niveles de complejidad en salud, así como el pago por los servicios prestados. 

6. Presente a la Procuraduría General de la Nación, en un plazo no superior a cinco (5) días hábiles, un informe detallado de las acciones y medidas adoptadas respecto de MEDIMAS S.A.S EPS en concordancia con las solicitudes elevadas por el Ministerio Público.

Con la presencia del ministro de Minas y Energía Germán Arce y los directores de las autoridades ambientales regionales inició el diálogo sobre infraestructura sostenible en Cartagena.  Director de la C.R.A participa en panel de ordenamiento ambiental e infraestructura sostenible.
Cartagena, 14 de septiembre de 2017.- “La iniciativa de Asogravas y Asocars es poder tener un diálogo sobre la infraestructura de largo plazo, es una oportunidad maravillosa de que seamos capaces de afrontar los desafíos y hacerlo de forma ordenada, responsable con la comunidad y el medio ambiente y metiéndole formalidad”, señaló el ministro de Minas y Energía Germán Arce en la instalación del 5to Encuentro de la Industria de Agregados y el 3r Diálogo Intersectorial Ambiente y los Sectores Productivos.
Dijo que uno de los enemigos de la infraestructura sostenible es la ilegalidad en torno a las actividades, “los ilegales no piden licencia, no respetan el medio ambiente, no pagan salarios dignos y estamos tratando de construir una industria formal que sea sostenible en el largo plazo”, explicó.
Durante el primer panel de la jornada “Ordenamiento ambiental del territorio e infraestructura sostenible”, Alberto Escolar Vega, director de la CRA indicó que “la vocación del territorio tiene tres pilares: lo ancestral, la capacidad de hasta dónde puedo desarrollar y lo ambiental, referido a oferta de bienes y servicios ambientales, los cuales se deben tener en cuenta en los procesos de ordenamiento del territorio.
La constitución y la ley señalan el agua como el eje articulador de la ordenación y desarrollo del territorio, los POMCA son determinante ambiental de los POT, por tanto, estos deben articularse y acoger lo que señalan estos instrumentos ambientales”, señaló.
El sector de agregados es parte del sector minero de Colombia y representa casi la mitad del total de los títulos mineros del país, que es la fuente primordial de materiales para las actividades de construcción. Para las autoridades ambientales regionales, este es el tercer encuentro con el sector productivo, esta vez, con la industria de agregados.
Por su parte, Carlos Fernando Forero, director general de Asogravas dijo que "Para nosotros es muy importante esta alianza a través de la cuál vamos a mostrar nuestra responsabilidad ambiental como industria y los distintos caminos que se pueden trazar para trabajar unificadamente ante el desarrollo de ambos sectores”.
El ministro recalcó que el evento es una muestra clara de que sí nos podemos poner de acuerdo y buscar conceptos para resolver los múltiples conflictos no solo con el sector sino con los ciudadanos.
En el evento que inició hoy y concluye este viernes 15 de septiembre en el hotel Las Américas de Cartagena, se realizará la Firma Acuerdo Voluntades del Proyecto Recuperación Río Guayuriba por parte de la Gobernación del Meta, la Región Administrativa y de Planificación Especial – RAPE, Cormacarena, Corpoguavio, Corporinoquía, Parques Nacionales Naturales, Ecoplanet y Gravicon.
 
Bogotá, 14 de septiembre de 2017.- Los habitantes de Villavicencio han expresado su preocupación por el informe de auditoría de la Contraloría General de la República, en donde se evidencia un detrimento patrimonial por más de 60 mil 573 millones de pesos, a causa de las obras inconclusas de optimización del Acueducto de la capital del Meta.

El representante a la cámara Fernando Sierra denunció que este proyecto costó cerca de 66 mil millones, cuando tenía un valor inicial de 44 mil millones de pesos y que según el organismo de control, no se ha cumplido el fin para el cual se efectuó la inversión de los recursos que era solucionar los problemas de acceso al agua como las suspensiones y racionamientos.

“La Contraloría determinó que el proyecto presentó inconsistencias en su planeación, así como en el proceso de selección, ejecución y seguimiento. Lo inadmisible es que las alarmas se activen tan tarde, cuando ya han pasado varios años y los recursos se han despilfarrado”, afirmó Sierra.

Cabe destacar que en la actualidad la obra se encuentra abandonada por el contratista —Unión Temporal Bocatoma Ptap—,tras cinco años de retraso.

El Representante manifestó su inconformidad por el daño que le hacen a los villavicenses quienes no pueden acceder al servicio de Acueducto, y recordó que el agua en el ordenamiento jurídico colombiano tiene una doble connotación, pues es un derecho fundamental.

Finalmente el Congresista le solicitó a los organismos correspondientes que juzguen el mal actuar del contratista que genera daño al dia vivir de los ciudadanos de Villavicencio.

“Le pido a la Fiscalía y a la Procuraduría que den la debida sanción a quienes han hecho del Acueducto de Villavicencio un negocio a costa de todos sus ciudadanos”, solicitó.
Bogotá, septiembre 14 de 2017-. La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a la gobernadora de Quindío, Sandra Paola Hurtado, para el periodo 2012 – 2015, y los gobernadores encargados, Jhon Jaime Fernández y Julio Ernesto Ospina Gómez, por presuntas irregularidades en contratación. A través de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal se investiga la participación en actividad contractual de los exfuncionarios, quienes al parecer transgredieron el principio de transparencia y el deber de selección objetiva de la contratación estatal, al suscribir seis convenios interadministrativos con Empresas Públicas del Quindío (EPQ) y la Promotora de Vivienda del Quindío (Proviquindío), presuntamente sin tener en cuenta que estas entidades no tenían la capacidad para ejecutar los objetos contractuales.
A la diligencia también deberán asistir Heildelmann Grajales Puentes y Jhonny Alberto Rodríguez Jaramillo, exgerentes de EPQ y Proviquindío, quienes habrían infringido el principio de responsabilidad de la contratación al firmar dichos convenios, y al no tener las condiciones para desarrollarlos, al parecer, subcontrataron la ejecución de las obras públicas y la elaboración de los estudios y diseños que les fueron encomendados.
El órgano de control recordó que las entidades públicas se deben regir por el principio de transparencia que les indica el deber de contratar con quienes tengan la capacidad de proveer el bien o servicio requerido. “(…) El artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establece que será objeto de escogencia del contratista cuando la Entidad encargada de adelantar el proceso de contratación defina reglas objetivas, justas, claras que permitan recibir la mayor cantidad de ofertas, haciendo plausible que en la contratación estatal se adelanten procesos en igualdad de condiciones para todas las personas que estén en la capacidad de ofrecer el bien o servicio que se requiera”.
La Procuraduría calificó la presunta falta de los cinco investigados como gravísima a título de culpa gravísima para los exgobernadores, y culpa grave para los exgerentes. La diligencia se llevará a cabo el jueves 21 de septiembre a las 9:00 a. m. en las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación.

Bogotá, 14 de septiembre de 2017-  En comunicación al presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo, el senador liberal Roberto Ortiz Urueña radicó una proposición en aras de modificar el Artículo 9 del proyecto de Acto Legislativo de la Reforma Política. El senador vallecaucano plantea en ella la necesidad de declarar la obligatoriedad del voto en las siguientes dos elecciones parlamentarias y en todas las elecciones nacionales y territoriales que en dicho período se celebren, desde la promulgación del mencionado acto legislativo.

Según Ortiz: “El voto obligatorio transitorio es un recurso oportuno e indispensable para luchar contra el clientelismo y evitar la corrupción electoral. Gracias al mismo, se logra que se enriquezca la democracia con más participación ciudadana en la toma de las grandes decisiones, para procurar una democracia que funcione, que sea legítima, que represente el sentimiento del electorado y obligue al control del voto programático”. 

En la proposición, que deberá ser votada en la plenaria de la Cámara de Representantes, el parlamentario liberal presenta, además, el cometido de implementar el voto electrónico en Colombia y de establecer el haber votado como un requisito imperativo para acceder a la función pública, a la contratación estatal y a la oferta de beneficios del Estado, salvo fuerza mayor o caso fortuito.

El senador Ortiz considera que “Las falencias en estas áreas determinan que Colombia no es una ‘democracia plena’” y concluye que “Estas medidas contribuirán a consolidar nuestras instituciones con la confianza ciudadana en ellas y en el valor del voto, un voto limpio e independiente que no se vende ni se puede comprar”.

Bogotá, 13 de septiembre 13 de 2017.- El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, presentó de manera oficial ante la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado la solicitud para conformar la Región Administrativa de Planificación del Caribe (RAP Caribe).

La constitución de RAP primero fue autorizada por las asambleas a los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba y Cesar. Ahora la COT debe dar un concepto favorable para proceder a la firma de creación el próximo 19 de octubre.

Durante la presentación, Verano De la Rosa dio a conocer los alcances de los proyectos de ordenanza que fueron aprobados por las asambleas. Reiteró que la conformación de la RAP está prevista en el artículo 306 de la Constitución Política; sin embargo, no se ha podido cumplir con este mandato constitucional.

“LA RAP no es el objetivo, es uno de los pasos que debemos dar para consolidarnos como una Región Ente Territorial (RET). El haber llegado hasta este punto demuestra el compromiso y las intenciones que tenemos en el Caribe por alcanzar la autonomía y reducir la inequidad que reina en los territorios alejados del centro del país”, indicó Verano.

Verano De la Rosa recordó que una vez constituida la RAP, deberán pasar dos años para iniciar al proceso de cambio a ente territorial. Nuevamente, se necesitaría un concepto favorable de la COT, después el Congreso crearía una ley para la conformación de esta región como ente territorial y por último se sometería a un referendo para que los ciudadanos elijan.

El propósito de la autonomía que lidera el gobernador Verano y que es respaldado por todos los gobernadores del país, la Federación Nacional de Departamentos, el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Planeación es trasladar competencias a las regiones y redistribuir los recursos en los distintos niveles de gobierno porque es en los territorios donde se conocen las dificultades por las que se están pasando.

“Lo que vemos muchas veces es que hay políticas que se diseñan en un escritorio de un ministerio o una agencia en Bogotá que desconoce la realidad de lo que sucede en las regiones. Un caso sencillo: los colegios eran diseñados para clima frío con ventanas en la parte superior cuando aquí en el Caribe necesitamos ventanales porque el calor es asfixiante”, detalló.

El senador Carlos Fernando Galán (Cambio Radical) felicitó la iniciativa y sostuvo que “este es un paso en un largo camino en el tema de la descentralización”.

El presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, Jorge Prieto (Alianza Verde), anunció para el próximo miércoles 20 de septiembre la realización de una audiencia pública sobre este tema. El 27 de septiembre será votado el concepto y el 19 de octubre, según informó el gobernador Verano de la Rosa, se firmará el documento en la ciudad de Barranquilla.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, expresó que este es un importante paso para la historia de la región Caribe, una zona del país que es sinónimo de desarrollo y buena administración.

"Estoy convencido que la autonomía regional es una prioridad y el gobernador cuenta con todo mi respaldo y el de la bancada Caribe en el Senado. Nos hemos hastiado de la indignidad de ver a nuestros alcaldes arrodillados mendigando recursos que le pertenecen a sus territorios, y vamos a defenderlos", afirmó el legislador.

Bogotá, 13 de septiembre de 2017.- Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, un juez de conocimiento de Vélez (Santander) condenó a 20 años de prisión al docente Guillermo Castañeda Peña, por haber abusado sexualmente de seis de sus alumnas en un centro educativo del municipio de Bolívar, en el mismo departamento santandereano.

Según la investigación, durante los años 2012 y 2013 el docente abusó sexualmente de 6 niñas menores de edad, intimidándolas psicológicamente con las notas escolares u ofreciéndoles dinero para que se dejaran tocar sus zonas íntimas y accedieran a sus pretensiones sexuales.

Castañeda Peña, a quien le Fiscalía le imputó cargos por el delito de acceso carnal agravado en concurso con acto sexual, será recluido en la cárcel de Vélez para el pago de su condena. La defensa del procesado apeló la decisión del juez.

La entidad inspeccionó los 46 terminales que supervisa a nivel nacional y encontró que ninguno cumple al 100% el marco normativo exigido (un 15% está en una situación crítica), por lo que ordenó a todos presentar planes de mejoramiento, con el fin de velar por la buena prestación del servicio a los usuarios.

Bogotá, 13 de septiembre de 2017 –. Tunja, Cúcuta, Pamplona (Norte de Santander), Buenaventura (Valle del Cauca), Santa Marta, Maicao (La Guajira) y Aguazul (Casanare) tienen los terminales de transporte terrestre con mayor porcentaje de incumplimientos normativos (70%) relacionados con aspectos vinculados a la correcta implementación de su infraestructura.

Así lo determinó la Superintendencia de Puertos y Transporte, luego de un riguroso diagnóstico realizado a los 46 terminales terrestres homologados que actualmente supervisa en el país, el cual permitió concluir que el 15 por ciento de estas instalaciones presenta incumplimientos que afectan directamente la calidad del servicio que están obligados a brindarles a los ciudadanos.

El Programa de Mejoramiento de Terminales Terrestres –cuyas inspecciones finalizaron hace algunas semanas– llevó a funcionarios de la entidad a recorrer terminales ubicados en 43 municipios de 23 departamentos, revisando en detalle 12 indicadores de cumplimiento.

Puntos de información al usuario, enfermerías, dispositivos para realizar pruebas de alcoholimetría a conductores, baños en buen estado, plan de manejo de basuras y de aguas negras, señalización, obras de infraestructura para agilizar la circulación de vehículos y peatones, salones de descanso para conductores, así como rampas, barandas y espacios exclusivos para garantizar el acceso de usuarios en condición de discapacidad, fueron algunos de los puntos que la Supertransporte tuvo en cuenta al momento de inspeccionar los terminales.

“Aunque ningún terminal cumple al 100 por ciento, sí vale la pena destacar que San Gil (Santander), Bucaramanga, Pereira y Buga (Valle del Cauca) cuentan con los mejores terminales del país, con más del 70 por ciento de cumplimiento en los aspectos evaluados por la Delegada de Concesiones e Infraestructura”, resaltó el superintendente Javier Jaramillo, quien estuvo acompañado del director de Tránsito y Transporte, del Ministerio de Transporte.

Los terminales de transporte de ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Manizales e Ibagué obtuvieron un promedio de cumplimiento que oscila entre 50 y 68 por ciento.

Frente a esta problemática, la entidad ordenó a los 46 terminales presentar de inmediato sus respectivos planes de mejoramiento enfocados a subsanar cada una de las fallas identificadas en el diagnóstico, no solo con el fin de elevar los estándares de calidad del servicio, sino también en busca de hacer cumplir las normas, so pena de investigaciones y sanciones administrativas.

El funcionario anunció que trabajará de manera conjunta con Ministerio de Transporte, municipios, terminales, gremios, empresas de transporte y usuarios en general para hacer un estricto seguimiento de la ejecución de estos planes antes de finalizar el año.

Bogotá, septiembre 12 de 2017.- Implementar un sistema de gasificación térmica por termovalorización y biodigestión que convierta los desechos en energía eléctrica, propone a la Administración Distrital el Concejal de Bogotá del Partido Político MIRA, Jairo Cardozo Salazar, para mitigar los problemas que tiene la ciudad con la forma como se manejan las basuras en el Relleno Doña Juana.

“Las crisis sufridas por el Relleno Sanitario y que han afectado a miles de Bogotanos,  obligan a replantear la forma como se están tratando los desechos que se generan en nuestra ciudad.

Según datos de interventoría, Bogotá produce alrededor de 6.580 toneladas diarias de residuos sólidos  de los cuales el 41,67% es materia orgánica, seguida de papel en un 15,48%, 11,25% de plástico, 10,72% de textil y 10,07% cartón. El Relleno es una mina de oro que no está siendo explotada adecuadamente”, dijo el cabildante.

La gasificación térmica es una tecnología moderna y segura usada principalmente con biomasa, que incluye instalaciones que pueden transformar los residuos en gases de síntesis. Un ejemplo reciente lo tenemos en México, que a través de un sistema de termovalorización convertirá el material orgánico en energía eléctrica que utilizará para mover el metro de la ciudad.

El Concejal Cardozo  hizo un llamado a la Administración Distrital para que se capitalicen los residuos producidos en la ciudad, imprimiendo un sello verde por la disminución de gases efecto invernadero, de lixiviados y de emisiones atmosféricas, generando beneficio social para los habitantes de los alrededores del Relleno Doña Juana, reduciendo sustancialmente los problemas de invasión de moscas, ratones y malos olores, que hoy afectan gravemente su calidad de vida.

El país se esta gestando una crisis institucional de enormes proporciones, a consecuencia de la corrupción que, como afirmó el Papa Francisco en su visita a Paraguay  “es la gangrena de un pueblo”, que ha hecho metástasis, comprometiendo tanto al sector público - a todos los niveles - como al privado y está corroyendo los cimientos de la democracia, la degradación de la política y la polarización política. Además de sus estragos en la política y en la ética, la corrupción afecta el desempeño de la economía. Según un estudio reciente subir un punto en el Índice de percepción de corrupción, cuya escala es de 1 a 10, baja la tasa de crecimiento del PIB per cápita 0.86%.

Y de contera, la corrupción generalizada da pábulo para que se incube una crisis de confianza en las instituciones, que a poco andar, deriva en una pérdida de gobernabilidad y si ella no se detiene a tiempo puede conducir a la pérdida de la legitimidad de las instituciones, que es el principio del fin de una democracia. Así empezó Guatemala y el pueblo terminó eligiendo a un payaso profesional (Jimmy Morales), ahora cuestionado, también él, por actos de corrupción y así empezó también la tragedia de Venezuela con el asalto a su democracia por parte de Chávez y vean por dónde vamos. Bien se ha dicho que el pueblo le perdona a sus líderes, a sus dirigentes, que metan las patas, pero lo imperdonable para él es que metan las manos en donde no deben.

Quienes viven con la monserga del “castrochavismo” a flor de labios no se han dado cuenta que con sus actitudes y sus diatribas en contra de la Justicia, el ejecutivo y el Congreso están cavando su propia sepultura. El desapego del pueblo por sus maltrechas y denostadas instituciones, por puro malpecho, lo puede llevar a embarcarse en la aventura del populismo de cualquier signo. Este fenómeno lo caracterizó muy bien el sociólogo argentino Guillermo O´Donnell y lo denominó acertadamente como la “democracia delegativa” o de “baja intensidad”, producto del desencanto ciudadano, que lo lleva a delegar todo el poder de decisión en las manos de un líder carismático, providencial y mesiánico, que lo lleve a cualquier parte. Y bien sabemos que, como lo dijo The Economist, “los populistas prometen a las gentes quitarles de encima a las tensiones que causan las restricciones institucionales”, desembarazarse de ellas. Como corolario podemos decir que los riesgos de caer en los abismos del populismo no están en lo acordado con las FARC, como se ha pretendido hacer creer interesadamente, sino en la corrupción y en la degradación de la política

El desprestigio de la política y de los partidos políticos ha llegado a tal punto que en una de las más recientes encuestas, la del Pulso País, la imagen desfavorable de ellos registró un 77%, al tiempo que la Encuesta de Cifras y Conceptos revela que el 57% de los consultados no se identifica con partido alguno, lo cual muestra la gran aversión que se tiene a los mismos. De allí que tantos aspirantes a la Presidencia, en número de 26 y tantísimos aspirantes al Congreso de la República, prefieran recoger firmas a buscar el aval de sus partidos para inscribirse ante la autoridad electoral de cara a las próximas elecciones. Claro está que ello se ha convertido en un juego de prestidigitación para engañar incautos, tratando de fingir independencia con respecto a los denostados partidos políticos, al amparo de los cuales han pelechado por años muchos de ellos, desmarcándose de ellos. Pero, los electores no son tontos y saben que aunque la mona se vista de seda mona se queda.

Y qué decir con respecto a la imagen de la Justicia, considerada esta como la última trinchera que le queda a la democracia, para que esta no deje de serlo. Resulta lastimoso constatar cómo en los últimos tiempos la sección judicial de los períodos, revistas y noticieros registran con gran profusión los cuestionamientos e investigaciones de los que vienen siendo objeto un número crecido de magistrados, en lugar de los fallos proferidos por los tribunales y las altas cortes de los que hacen o hicieron parte como enantes. Por primera vez en los últimos 20 años, según Gallup, la imagen negativa de las altas cortes supera la positiva, llevando la peor parte La Corte Suprema de Justicia, por los más recientes escándalos en los que se ha visto envuelta, alcanzando en el mes de agosto el récord en su imagen negativa al situarse en el 55%!

Por todas las razones anteriores, debemos levantar la bandera, no banderiza, ni partidista, sino ciudadana, de la lucha frontal, de una guerra sin cuartel, en contra de la corrupción y por la dignificación del ejercicio de la política, así como para rescatar el prestigio y la credibilidad en la Justicia. Se debe evitar a todo trance que la lucha en contra de la corrupción se convierta en una bandera política, en un arma arrojadiza entre contrarios para descalificarse unos a otros, por que ello la desvirtúa. Y en ello está llamado a cumplir un papel muy importante la ciudadanía a través del control social, que es el mejor antídoto contra la corrupción. Karl Popper dijo que “no necesitamos tantos buenos hombres como buenas instituciones”, pero no hablaba de Colombia, pues aquí necesitamos tanto de buenos hombres y mujeres y también de buenas instituciones!

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